18 de marzo de 2025
Declaración conjunta - Irán: La persecución sistemática de abogados por parte del Estado continúa con una nueva ronda de interrogatorios y acusaciones.
Las organizaciones abajo firmantes estamos consternadas por la intensificación de la represión estatal contra los abogados en Irán simplemente por defender los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho. El ataque sistemático contra abogados y defensores de derechos humanos por parte del Estado iraní no muestra indicios de cesar, con ataques intensificados en enero y febrero de 2025.
El 3 de febrero de 2025, la fiscalía de Mashhad dictó autos de procesamiento contra 15 abogados por el cargo de "propaganda contra el Estado", supuestamente debido a actividades en redes sociales y publicaciones que expresaban preocupación por las violaciones de derechos humanos, las injusticias sociales y económicas en las provincias empobrecidas de Irán, la corrupción y otros aspectos de la política estatal. Inicialmente, 17 abogados fueron interrogados, dos de ellos recibieron órdenes de alejamiento y 15 fueron acusados formalmente de delitos contra el Estado. El juez de instrucción de la Sección 901 de la Fiscalía Pública y Revolucionaria del Distrito 9 de Mashhad había desestimado el caso, pero el fiscal se opuso y la Sección 5 del Tribunal Revolucionario de Mashhad intervino, revocando la decisión inicial del juez y emitiendo los autos de procesamiento.
También se ha informado de que agentes estatales iraníes han advertido a otros abogados que no intervengan en los casos contra estos 15 abogados. No es inusual en Irán que los abogados reciban amenazas de agentes estatales contra sí mismos o sus familias, con el objetivo de disuadirlos de aceptar casos delicados. La inhabilitación o suspensión de licencias también se utiliza para silenciar a los abogados. Esto no solo priva a las personas de sus medios de vida y a los acusados de su derecho a la defensa, sino que también sofoca la capacidad de la comunidad jurídica para funcionar de forma independiente.
El absoluto desprecio de la República Islámica de Irán por el Estado de derecho y la falta de independencia del poder judicial iraní han dejado a los abogados del país en una situación precaria. Los abogados se enfrentan a numerosos riesgos en el ejercicio de sus funciones, como amenazas, prohibiciones e inhabilitaciones, arrestos y detenciones arbitrarios, procesamientos penales injustificados, tortura y encarcelamiento tras juicios injustos. Los abogados que llevan casos relacionados con los derechos humanos, ya sean defensores de derechos humanos, disidentes políticos o grupos minoritarios, corren un riesgo especial.
Actualmente, varios abogados en Irán cumplen largas condenas de prisión por defender los derechos humanos. Por mencionar solo algunos casos que se han hecho públicos, Mohammad Najafi ha estado en prisión desde 2018; Amirsalari Davoudi recibió una condena de 10 años que comenzó a cumplir en 2022 (habiendo estado detenido desde noviembre de 2018 hasta junio de 2021; fue liberado en septiembre de 2024 a la espera de una revisión de su caso por parte del Tribunal Supremo, pero podría volver a prisión en cualquier momento); y Mohammad Reza Faghihi cumple una condena de cinco años de prisión. Recientemente, Behnam Nezadi ha sido condenado a cuatro meses de prisión y un año de inhabilitación; Seyed Mehdi Karimi Farsi fue condenado a un año de prisión; y Taher Naqvi también fue condenado a seis años de prisión. Además, Javad Alikordi , hermano del abogado Khosrow Alikordi, que fue recientemente liberado de prisión después de cumplir su condena, ha sido arrestado por agentes del Ministerio de Inteligencia iraní y trasladado a un lugar no revelado, y Payam Derafshan fue citado recientemente a la Fiscalía en Karaj por cargos relacionados con la seguridad.
La situación de los abogados en Irán está documentada en los informes alternativos de muchas de las organizaciones firmantes al Examen Periódico Universal del historial de derechos humanos de Irán, que tuvo lugar el 24 de enero de 2025.
Expertos de alto rango de la ONU señalaron en una declaración de 2024 que el Gobierno de Irán ha “encarcelado, torturado e inhabilitado a abogados únicamente por defender los derechos humanos” y que “al menos 66 abogados han sido arrestados y detenidos desde septiembre de 2022 [cuando estallaron las protestas " Mujeres, Vida, Libertad " en todo Irán], aparentemente en un intento de intimidarlos e impedirles representar a los manifestantes. Once de estos abogados han sido condenados y 47 han sido puestos en libertad a la espera de juicio”.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, los abogados deben tener la libertad de ejercer su profesión sin interferencias y tienen derecho a que se respeten sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Irán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el 24 de junio de 1975 y tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en él, incluido el derecho a la libertad y la seguridad personal (artículo 9), el derecho a un juicio justo (artículo 14) y el derecho a la libertad de expresión (artículo 19).
Además, de conformidad con el Principio 16 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (Principios Básicos), los gobiernos deben “garantizar que los abogados (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas; […] y (c) no sufran ni sean amenazados con procesamiento ni sanciones administrativas, económicas o de otra índole por ninguna acción realizada de conformidad con los deberes, las normas y la ética profesionales reconocidos”.
Además, el Principio 23 de los Principios Básicos establece que: «Los abogados, al igual que los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. Tendrán derecho a participar en el debate público sobre asuntos relacionados con la ley, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos».
Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos estipula que “Toda persona tiene derecho [...] a promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos [...]” y “a ofrecer y proporcionar asistencia jurídica profesional calificada [...] para la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Los ataques del Estado contra los abogados constituyen un flagrante ataque a la independencia de la profesión jurídica, a los derechos fundamentales de todos los iraníes y al Estado de derecho en Irán.
En consecuencia, las organizaciones firmantes instan a las autoridades iraníes a:
Garantizar que todos los abogados en Irán puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas;
Garantizar que los abogados no sean sometidos a arresto, detención y procesamiento arbitrarios en el ejercicio de sus funciones profesionales;
Garantizar que todos los abogados puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión pacífica;
Garantizar la liberación inmediata e incondicional de los abogados que se encuentran detenidos arbitrariamente y procesados por sus actividades profesionales legítimas o por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión pacífica;
Garantizar que a todas las personas acusadas de delitos se les garantice el debido proceso y el derecho a un juicio justo y garantizar el derecho de todos a la defensa y el acceso efectivo a la justicia de conformidad con las obligaciones de Irán en virtud del PIDCP y otros tratados y normas de derechos humanos.
Además, instamos a los mecanismos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán y la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica del Irán, a que sigan vigilando e informando sobre la situación de los abogados y la independencia de la profesión jurídica, y destacando estas preocupaciones en todas las comunicaciones con las autoridades iraníes.
Por último, instamos a los colegios de abogados, sociedades jurídicas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a que apoyen a los abogados iraníes dentro y fuera de Irán, incluido el apoyo práctico y, cuando sea posible, el seguimiento y la presentación de informes sobre las violaciones de las garantías profesionales de los abogados.
Firmado:
Sociedad de Derecho de Inglaterra y Gales
Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI)
Defensores de primera línea
Asociación de Abogados de Primera Línea
Colegio de Abogados de Ginebra
Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI)
Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán (IHRDC)
Abogados para abogados
Orden de los Abogados de París / Colegio de Abogados de París
Asociación de Juristas Progresistas (AJP)